Esta medida representa una grave violación del derecho internacional y un intento de imponer hechos ilegítimos sobre el terreno, denunció el dirigente palestino en un comunicado.

Convertir un sitio arqueológico e histórico en un asentamiento permanente representa una política de anexión encubierta, que atenta contra los derechos de propiedad y el patrimonio cultural del pueblo palestino, subrayó.

Fattouh estimó que el plan refleja una tendencia organizada a consolidar los asentamientos, judaizar la tierra en la Ribera Occidental y llevar a cabo una limpieza étnica en el territorio.

Ante esa situación, llamó a la comunidad internacional, en particular a la ONU y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a asumir sus responsabilidades y proteger el patrimonio cultural palestino.

El jefe de la Comisión Palestina contra el Muro y los Asentamientos, Mu’ayyad Sha’ban, explicó ayer que el terreno expropiado está ubicado entre las ciudades de Sebastia y Burqa.

El funcionario acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de impulsar ese procedimiento para “consolidar el control de facto sobre la tierra y asignarla exclusivamente al servicio de los colonos”.

Según la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS), Israel confiscó en 2024 unas cuatro mil 600 hectáreas de tierra en Cisjordania como parte de su política expansionista.

En un reciente informe sobre la situación en los territorios ocupados, la entidad precisó que casi dos mil 460 hectáreas fueron declaradas tierras estatales y el resto expropiadas.

La PCBS advirtió que el número de colonos superó los 770 mil en Cisjordania, de los cuales 336 mil viven en la zona ocupada de Jerusalén Este.

La nueva expropiación coincide con una ola de críticas contra ese país tras la aprobación el domingo último de varias medidas que facilitan la compra de tierras palestina por parte de colonos.

Entre las iniciativas sancionadas está la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania y otra que permite a Israel administrar sitios religiosos en la ciudad de Hebrón, aunque estén en zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina.

Según las nuevas normas, si los dueños palestinos de un terreno no pueden presentar un título de propiedad, la parcela sería considerada “perteneciente a Israel”, lo que supone una anexión de facto.

idm/rob