La reforma propuesta desde el Ejecutivo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) será votada mañana 20 de febrero por el Legislativo.

El pronunciamiento sostiene que la iniciativa modifica las reglas de asignación y uso de recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), lo que podría afectar programas sociales ejecutados a nivel territorial.

Según los firmantes, una redistribución presupuestaria sin salvaguardas específicas pondría en riesgo políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El documento invoca el principio constitucional de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe adoptar medidas que reduzcan de forma injustificada el nivel de protección ya alcanzado.

También recuerda que Ecuador ha ratificado tratados internacionales que obligan al Estado a destinar el máximo de recursos disponibles para la protección de grupos vulnerables.

Las organizaciones demandan incorporar un piso mínimo de gasto social excluido de los límites fiscales propuestos, establecer metas verificables y armonizar la reforma con las garantías constitucionales de protección integral.

Advierten que, de no incluirse estos ajustes, el proyecto debería ser archivado para evitar un retroceso en derechos fundamentales.

La propuesta del Gobierno de Daniel Noboa, que según el oficialismo, busca mayor eficiencia e inversiones de prefecturas y municipios, ha sido cuestionada por autoridades locales y ciudadanos.

Esta tarde, se espera en Quito una movilización popular contra esa normativa y su impacto en la educación municipal, así como en posibles despidos de funcionarios de administraciones locales.

El proyecto plantea que los GAD destinen al menos el 70 por ciento de su presupuesto a obra pública y limiten al 30 por ciento el gasto corriente.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de esa ley sin recibir a autoridades locales que solicitaron comparecer, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Si el pleno aprueba la cuestionada norma, la nueva regla fiscal se aplicará de manera progresiva hasta 2028.

ro/avr