El CNE sostiene que el grupo no presentó de forma completa la información económica correspondiente a la promoción de la consulta popular de agosto de 2023, cuando la ciudadanía votó a favor de dejar bajo tierra el petróleo del Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía.
De acuerdo con el colectivo, una de las observaciones del CNE corresponde a una diferencia contable de 0,39 dólares en los reportes de campaña.
El proceso podría derivar en sanciones económicas de hasta nueve mil dólares para cada uno de los tres responsables de la campaña, además de la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, según explicó Alejandra Santillana, integrante de Yasunidos.
Durante la audiencia, simpatizantes y organizaciones sociales se concentraron en los exteriores del TCE en respaldo al colectivo.
Yasunidos sostiene que la diferencia señalada corresponde a un criterio contable y que fue debidamente justificada en la documentación entregada al organismo electoral.
El TCE deberá resolver si existen responsabilidades administrativas y determinar eventuales sanciones, decisión que podrá ser apelada conforme a la normativa vigente.
El grupo ambientalista considera que el proceso se enmarca en un contexto de tensiones con el gobierno del presidente Daniel Noboa por la implementación de los resultados de la consulta.
En noviembre pasado esa organización interpuso una demanda ante la Corte Constitucional (CC) contra el Ejecutivo, al considerar que ha incumplido con la decisión popular de acabar con la explotación petrolera en el Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y declarada reserva de la biosfera por la Unesco en 1989.
rc/avr
