El Congreso Nacional (parlamento) aprobó el pasado martes un decreto que retira a la titular de la CSJ la facultad para nombrar y destituir personal, potestad que a partir de ahora recaerá en el pleno de los 15 magistrados.

La iniciativa modifica el esquema vigente y devuelve al órgano colegiado el control sobre la selección, nombramiento, ascenso, traslado y permuta de jueces, magistrados y defensores públicos.

De esa manera, las decisiones administrativas ya no concernirán a la presidencia de la máxima instancia judicial de este país centroamericano, sino en el voto de la mayoría del pleno.

Según reza la disposición, cualquier resolución en esta materia deberá contar obligatoriamente con el respaldo de al menos ocho de los 15 miembros de la CSJ, lo cual, en opinión del Parlamento -dominado por el bipartidismo de derecha-, refuerza el principio de colegialidad dentro del Poder Judicial.

Con los cambios introducidos, mientras no se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura, será el pleno del máximo tribunal el que ejercerá, de forma conjunta, la selección y ascenso de jueces, magistrados y personal administrativo.

El presidente de la cámara legislativa hondureña, Tomás Zambrano, del gobernante Partido Nacional, aclaró que la facultad que ostentaba la presidencia del Tribunal Supremo era de carácter “transitorio” desde 2011, tras declararse la inconstitucionalidad del anterior Consejo de la Judicatura.

Señaló que se trata de una reforma ordinaria y no constitucional, destinada a regular una situación provisional en ese poder del Estado.

Tras la votación, se nombró una comisión especial que se reunirá con los magistrados de la CSJ para socializar y redactar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, con el fin de buscar una solución permanente a la gestión administrativa del sector justicia.

Antes de la aprobación del decreto, Ráquel abogó por el respeto a la “independencia y la colaboración entre poderes”, y solicitó la instalación de una mesa interinstitucional para analizar el alcance técnico y jurídico de la iniciativa.

La resolución también establece que la Corte Suprema deberá remitir al Congreso, en un plazo máximo de 60 días, una propuesta de nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. De no hacerlo, cualquier diputado podrá presentar la iniciativa.

Para el opositor Partido Libertad y Refundación (izquierda), la reforma avalada por el bipartidismo (partidos Nacional y Liberal) representa una interferencia del Poder Legislativo en el Judicial y una violación a la Constitución, al modificar prerrogativas de la CSJ mediante un decreto transitorio.

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