“La Fiscalía ha revelado que el señor Juan Carlos Huarachi ha sido trasladado de San Pedro hacia Chonchocoro en virtud que él estaría liderizando las movilizaciones y los bloqueos con la COB en enero de este año”, aseguró ante la prensa el abogado Abel Loma, representante de la parte denunciante.
Explicó que, según la información expuesta en audiencia, durante un operativo en San Pedro se encontró un teléfono celular en posesión del exdirigente.
Indicó que, de acuerdo con la fiscalía, se identificaron mensajes que evidenciarían la coordinación de protestas registradas en enero último en rechazo al Decreto Supremo 5503 para la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
El Ministerio Público expuso estos elementos como nuevos indicios que motivaron el traslado a un penal de mayor seguridad.
Loma explicó que el contenido del equipo fue incorporado a la fundamentación fiscal para sustentar la medida.
A través de su defensa, el exdirigente sindical buscaba la libertad en la audiencia celebrada este viernes.
En su argumentación, la parte defensora sostuvo que corresponde a Régimen Penitenciario brindar mayores detalles sobre el secuestro del celular y el análisis de la información extraída.
Por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, Huarachi es investigado y se encuentra detenido preventivamente.
La pesquisa se originó tras una denuncia que lo involucra en la presunta recepción de 40 mil bolivianos (cerca de 10 mil dólares) relacionados con contratos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
El expediente penal continúa en etapa investigativa mientras se analizan los nuevos elementos presentados ante la autoridad judicial.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, denunció este viernes que más de 40 millones de dólares habrían sido destinados a financiar las protestas registradas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, tras la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
Atribuyó esa información a reportes de inteligencia y subrayó que el objetivo de las protestas era desestabilizar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Tras las protestas, el Ejecutivo abrogó la normativa el 12 de enero último y promulgó el Decreto 5516, que mantuvo el levantamiento de la subvención y dispuso la entrega del denominado Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad), apoyo económico temporal de 450 bolivianos (unos 90 dólares en tres mensualidades de 30) para aliviar el costo de la vida de las familias más vulnerables.
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