Este equipo de trabajo de 23 personas de todos los segmentos políticos surgió a propuesta de la Asamblea Nacional (parlamento) y la comanda el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Jorge Arreaza.
El parlamento sancionó ayer por unanimidad en segunda discusión este instrumento legal de 16 artículos, luego fue promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y entrará en vigencia inmediatamente después sea publicada en la Gaceta Oficial.
La Comisión tiene un mandato claro para que “podamos mantener el buen orden de los procesos”, publicó Arreaza este viernes en su cuenta de Telegram.
El legislador felicitó el trabajo de los parlamentarios por la aprobación de todos los artículos, que a “su juicio representa el interés de todos los sectores por alcanzar la reconciliación”.
Integran el equipo de trabajo, además de Arreaza, Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra, América Pérez, Pedro Carreño, Iris Varela, Cilia Flores (secuestrada en Estados Unidos), Roy Daza, Francisco Torrealba y Jacqueline Faría, por el oficialismo.
Mientras que por la oposición están Nora Bracho (vicepresidenta de la Comisión), Stalin González, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Pablo Pérez, Rubén Limas, David Uzcátegui, Luis Florido, Alejandra Rodríguez y Alfonso Campos.
La dignataria encargada comentó anoche al promulgar la Ley sobre la designación por el parlamento de esta Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la Ley.
A ese respecto, pidió “máxima aceleración”, además de solicitar a la Comisión para la Revolución Judicial, al parlamento y al Programa para la Convivencia y Paz activarse para la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía y den las recomendaciones pertinentes para “curar heridas, reencausar la convivencia democrática y la justicia”.
Como parte de esa orientación, este viernes el Programa para la Paz y Convivencia Democrática recibirá testimonios de campesinos, trabajadores e inquilinos que, por diversos motivos, “han sido judicializados en el marco de luchas por tierras agrarias o urbanas y conflictos laborales”.
El coordinador del Programa Ernesto Villegas subrayó que son sectores no contemplados por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, centrada en hechos punibles con motivaciones políticas, pero que también serán escuchados a objeto de canalizar soluciones ante las autoridades correspondientes.
ro/jcd
