Con 77 votos a favor, de los 150 legisladores presentes, la Asamblea Nacional dio luz verde a la disposición impulsada desde el Ejecutivo y que modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La disposición establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán asignar progresivamente 65 por ciento de su presupuesto a inversión en 2026, 68 por ciento en 2027 y 70 por ciento en 2028, mientras el gasto corriente —como salarios y administración— quedará limitado al 30 por ciento.

Durante el debate de la propuesta legislativa, efectuado este viernes en Samborondón, provincia costera de Guayas, el oficialismo sostuvo que la medida busca priorizar infraestructura y servicios básicos.

Sin embargo, varios bloques legislativos y autoridades locales adviertieron que el cambio en la metodología de cálculo excluiría rubros vinculados a personal técnico y programas sociales, lo que dificultaría cumplir los nuevos parámetros sin afectar servicios.

El legislador Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que la reforma podría contradecir disposiciones constitucionales sobre transferencias mínimas a los gobiernos locales y estimó que la aplicación de la norma podría traducirse en una reducción cercana a mil millones de dólares para municipios y prefecturas.

Desde el movimiento Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay cuestionó que la propuesta redefina qué partidas pueden considerarse inversión, dejando fuera, por ejemplo, la contratación de personal para obra pública y transferencias de carácter social.

Los representantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) también rechazaron el proyecto y sostuvieron que la reforma funcionaría como una “camisa de fuerza” presupuestaria, al imponer porcentajes rígidos sin evaluar la realidad operativa de cada territorio.

Mientras transcurría la sesión, donde finalmente se aprobó la medida propuesta por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, decenas de ciudadanos se concentraron en las afueras del lugar para expresar su rechazo a la iniciativa.

Los manifestantes señalaron que la medida podría impactar programas sociales, servicios básicos y la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

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