“Nosotros no seguimos personas, no nos interesa seguir personas, perseguimos criminales; aquí no existe ningún tipo de persecución política”, afirmó el mandatario en entrevista con Radio City, de Guayaquil, ciudad a donde trasladó la sede del Ejecutivo temporalmente.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos de sectores políticos y ciudadanos tras la detención y prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, procesado en el denominado caso Goleada por una presunta trama de lavado de activos.

Sin mencionarlo directamente, Noboa sostuvo que “desde que se capturó al alcalde criminal han caído las muertes violentas en el DMG (Guayaquil) en 26 por ciento”.

El gobernante aseguró que a escala nacional los homicidios han disminuido cerca de un ocho por ciento en el último año, en el marco de operaciones conjuntas entre policías y militares.

Según cifras oficiales, 2025 cerró con más de nueve mil 200 homicidios y el país es considerado uno de los más violentos de la región.

El mandatario afirmó que su administración ha capturado al 85 por ciento de los cabecillas de grupos delictivos organizados y a decenas de miles de sospechosos, aunque cuestionó que una parte reducida de esos casos haya sido procesada judicialmente.

Noboa también confirmó la construcción de una nueva cárcel de mediana seguridad con capacidad para unas 15 mil personas, que se levantaría en la provincia de Santa Elena, así como la reconversión de centros penitenciarios en Esmeraldas y Santo Domingo.

En cuanto a sus numerosos viajes al exterior, el jefe de Estado rechazó las críticas por sus desplazamientos, que en su opinión, son necesarios para atraer inversiones.

Por otro lado, el presidente agregó que su Gobierno evalúa implementar una tercera placa para vehículos como parte de las estrategias para combatir el secuestro y la extorsión, y confirmó que ha concedido indultos presidenciales a varios policías, sin precisar cifras.

“Perseguimos a quienes han generado muertes y han ayudado al narcotráfico y la minería ilegal con fachada política”, reiteró Noboa, al insistir en que las acciones de su administración responden a la lucha contra el crimen organizado y no a motivaciones políticas.

No obstante, sectores de oposición, como el movimiento Revolución Ciudadana, han denunciado acciones contra sus dirigentes sin pruebas concretas que buscan silenciarlos y sacarlos del tablero político por divulgar hechos de presunta corrupción e irregularidades del Gobierno y personas cercanas a la administración.

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