El coordinador del Programa creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Ernesto Villegas, informó en Telegram que estas personas, en el contexto de luchas sociales por la tierra, la vivienda y el trabajo, expusieron “situaciones que ameritan respuestas, correctivos y soluciones” del sistema penal.

Aclaró que ellos no están entre los beneficiarios directos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El ministro venezolano para la Cultura explicó que los voceros denunciaron la criminalización de sus luchas, expusieron ejemplos concretos y consignaron información.

Adelantó que recibieron estas con el compromiso de trasladarlas con celeridad a las autoridades competentes, en articulación con la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (parlamento) establecida para dar seguimiento a la Ley de Amnistía y la Comisión para la Revolución Judicial.

Villegas comentó que al encuentro asistieron, además, familiares de personas privadas de libertad por presuntos hechos punibles vinculados al patrimonio público, quienes también presentaron críticas al sistema penal y abogaron por los derechos de sus parientes.

“Sin pronunciarnos sobre el fondo de tales casos, sus planteamientos también fueron escuchados y serán remitidos a las instancias correspondientes para su debida evaluación”, subrayó.

El titular del Programa agradeció a los diputados Maite García, Oliver Rivas y Rigel Sergent por la articulación con trabajadores, inquilinos y campesinos que depositaron su confianza en esta iniciativa.

Paralelo a este encuentro, la mencionada Comisión Especial del parlamento sostuvo la víspera una reunión con las máximas instancias de los Poderes Público y de Justicia con el objetivo de articular a los órganos de la administración de justicia “en la rápida y efectiva aplicación” de la Ley de Amnistía.

Al promulgar el jueves en la noche este instrumento legal, que fuera aprobado y sancionado por unanimidad en la Asamblea Nacional, la mandataria encargada pidió acelerar los procesos, así como ampliar con aquellos casos que no están contemplados en la norma, que solo abarca los derivados política.

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