La medida, que no afectará los permisos ya concedidos, responde al agravamiento de las tensiones migratorias en el bloque comunitario y refleja la creciente presión sobre los sistemas de integración europeos.

Analistas consultados en Copenhague señalan que la decisión responde a la saturación de los sistemas de acogida y al creciente debate político interno sobre los límites de la solidaridad con los desplazados.

Especialistas en migración indican que la medida se inscribe en una tendencia regional, en la cual varios gobiernos europeos revisan sus políticas de protección temporal ante la prolongación del conflicto.

Desde 2022, Dinamarca aplica una ley especial que ha beneficiado a unos 65 mil ucranianos con acceso inmediato a trabajo, vivienda, salud y educación, sin pasar por el proceso regular de asilo.

Los solicitantes excluidos del programa especial podrán acogerse a los procedimientos migratorios ordinarios daneses.

El país nórdico no participa en las normas comunitarias sobre justicia y asuntos de interior.

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