La Asamblea Nacional (Parlamento), con mayoría oficialistas, aprobó este viernes con 77 votos, el mínimo necesario, la ley económica urgente impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Tras esa decisión, prefectos, alcaldes, sindicatos y organizaciones sociales advirtieron que la norma vulnera la autonomía local y pone en riesgo programas sociales financiados por los gobiernos seccionales.

La disposición aprobada modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

El centro de polémica está en que fija un esquema progresivo que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar 65 por ciento del presupuesto a inversión en 2026, 68 por ciento en 2027 y 70 por ciento en 2028, mientras limita el gasto corriente al 30 por ciento.

La bancada opositora Revolución Ciudadana (RC) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, al considerar que la ley fue aprobada sin socialización ni participación ciudadana y que contradice principios de autonomía territorial establecidos en la Carta Magna.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) comentó en su cuenta de X que las elecciones seccionales de 2023 las ganó abrumadoramente la RC y con esta ley inconstitucional quieren provocar el fracaso de las administraciones locales.

La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, confirmó que también acudirá a la Corte Constitucional y advirtió que la ley afectará directamente a programas sociales.

“Aquí no pierden los prefectos o alcaldes, pierde el país”, señaló.

El alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, calificó de “centralistas” a los legisladores que respaldaron la reforma, mientras viceprefectos de al menos diez territorios exigieron públicamente el archivo de la ley.

Por su parte, la Unión Nacional de Educadores anunció que interpondrá su propia acción de inconstitucionalidad una vez que la norma sea publicada en el Registro Oficial y convocó, junto con organizaciones sindicales y sociales, a una movilización nacional en Quito el próximo 13 de marzo.

Para estos sectores, la reforma no distingue entre burocracia improductiva y servicios esenciales, lo que podría traducirse en recortes en áreas como educación municipal, atención infantil y programas sociales.

Pese a las críticas, el oficialismo sostiene que la norma busca priorizar obras básicas como agua potable y alcantarillado.

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