En un comunicado, el comité señaló que la renovación la víspera de la Orden Ejecutiva 13692, emitida originalmente en 2015 por Estados Unidos y que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de ese país, constituye una medida unilateral destinada a justificar la injerencia, la agresión militar y la vulneración del Derecho Internacional.

El organismo sostuvo que dicha extensión prolonga una narrativa que criminaliza a un Estado soberano y legitima sanciones y acciones hostiles contrarias a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en especial los de igualdad soberana de los Estados y no intervención en asuntos internos.

Denunció que la presencia militar estadounidense en el Caribe “apunta directamente a Venezuela y a Cuba”, y, junto con el uso de armamento no convencional, el asesinato de pescadores, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, entre otras acciones, evidencian la “bestialidad de un imperio decadente e insaciable”.

Asimismo, el Comité de Solidaridad denunció medidas como el cerco naval anunciado alrededor de Venezuela y Cuba, así como el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero contra la isla caribeña, calificándolo de “acto de genocidio”.

El comunicado demanda la liberación inmediata de Maduro y Flores, reiterando que ni Venezuela ni Cuba han constituido amenaza alguna para la seguridad de otros países, tal como afirma Estados Unidos.

Por el contrario, sostuvo que el proyecto político en la nación suramericana se ha orientado a democratizar el acceso a la alimentación, la salud, la vivienda digna y la protección social, así como a fomentar modelos de participación popular como las comunas, la economía social y la organización comunitaria.

El texto afirmó que Venezuela ha demostrado capacidad de resistencia y recuperación productiva, impulsando procesos de diversificación económica, fortalecimiento de la producción nacional, expansión del poder comunal y mecanismos de cooperación solidaria.

Finalmente, el comité ratificó su compromiso de apoyar todas las luchas que defiendan el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin injerencias imperiales.

arc/mpv