La asambleísta de Revolución Ciudadana (RC) señaló En un mensaje publicado en la red social X que la propuesta de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Sectores Estratégicos de Minería y Energía “nunca contempló a Galápagos para actividad minera”.
Sin embargo, luego de una sesión para tratar el informe previo al segundo debate de la iniciativa en el plenario, en ese documento “aparece de la nada un artículo que reformaría la Ley para permitir la libre explotación minera de materiales pétreos en las islas”.
Esa actividad posibilitaría la extracción de rocas y minerales industriales (arena, grava, piedra, caliza) utilizados principalmente en construcción e infraestructura, frecuentemente obtenidos mediante canteras a cielo abierto.
La legisladora señaló que esa propuesta de incluir el archipiélago dentro de las zonas de explotación fue del asambleísta David Arias, representante de Galápagos y aliado del oficialismo, cuyos familiares estarían al frente de empresas constructoras y de materiales pétreos.
Íñiguez afirmó que la iniciativa afectaría derechos colectivos y de la naturaleza, y alertó sobre el riesgo de “legalizar el deterioro de uno de los ecosistemas más frágiles y únicos del planeta”.
Ubicado a unos mil kilómetros al oeste del Ecuador continental, el archipiélago de las Galápagos está conformado por 13 islas principales y es considerado un laboratorio natural único por su biodiversidad.
Fue allí donde el científico británico Charles Darwin encontró las claves que lo inspiraron a desarrollar la teoría de la evolución por selección natural, tras su visita en el siglo XIX, y desde 1978, están reconocidas como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse este lunes para aprobar el informe de cara al segundo y definitivo debate del proyecto en el plenario.
Esa normativa, aún en discusión, es impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y plantea cambios en la gestión de los sectores minero y energético.
Entre los cambios incluidos están la creación de distritos eléctricos autónomos para garantizar suministro a complejos productivos y mineros y la simplificación de procesos administrativos en etapas de exploración minera.
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