El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, cuestionó este lunes en rueda de prensa la iniciativa y afirmó que no existe “evidencia empírica ni estudio técnico” que demuestre que incrementar el número de horas laborables generará empleo.
Bedoya sostuvo que el Ministerio de Trabajo debe “tutelar los derechos de los trabajadores” y alertó que la división de la jornada permitiría al empleador definir horarios de forma unilateral, lo que podría precarizar las condiciones laborales.
Advirtió además que la eliminación del pago de horas extras, que representa hasta un 30 por ciento adicional en los ingresos, afectaría el financiamiento del seguro social y podría derivar en más despidos.
En contraste, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, afirmó que la propuesta del acuerdo que flexibiliza la jornada es un “borrador definitivo” que será discutido con empleadores y trabajadores y que no superará las 40 horas semanales establecidas en la ley.
En entrevista con el canal Teleamazonas, el funcionario defendió la compensación de horas adicionales con tiempo de descanso y aseguró que el principal beneficiario de la flexibilización será el trabajador.
“Puedo trabajar hasta 10 horas diarias y tener tres días de descanso”, dijo, al precisar que la posibilidad de jornadas de hasta 12 horas estaría dirigida al sector del transporte.
El vicepresidente del FUT, José Villavicencio, señaló que tanto el acuerdo ministerial que podría aumentar la jornada de trabajo como la reciente ley aprobada que regula el gasto de municipios y prefecturas responden a una agenda alineada con intereses privados.
Según Villavicencio, los recortes presupuestarios obligarían a los gobiernos locales a reducir personal y, a su vez, se debilitarían áreas sociales estratégicas.
El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, por su parte, alertó que el impacto sería estructural y proyectó más de 200 mil empleos en riesgo entre gobiernos provinciales y municipales.
Las organizaciones sindicales subrayaron que la movilización del 13 de marzo buscará frenar lo que califican como un retroceso en derechos conquistados.
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