El fallo fue adoptado por unanimidad por la Primera Sala del STF pone fin a ocho años de espera de justicia para los familiares de las víctimas.

Además de la condena de 76 años y tres meses de cárcel, ambos sentenciados deberán pagar una multa cercana a 607 mil reales (118 mil dólares) cada uno.

Domingos Brazão, exconsejero del Tribunal de Cuentas del estado de Río de Janeiro, y su hermano Francisco Brazão, conocido como Chiquinho y entonces legislador, fueron considerados responsables de ordenar el crimen por intereses económicos vinculados a la regularización de tierras en zonas de la ciudad bajo control de milicias.

Según la Procuraduría General de la República, los acusados actuaron en conjunto para eliminar a la concejala, quien mantenía disputas políticas con el grupo en torno a proyectos de ordenamiento urbano y uso del suelo en la zona oeste de Río de Janeiro.

El relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, sostuvo que el asesinato, ocurrido en marzo de 2018, debe analizarse como un crimen político, motivado por la necesidad de la organización criminal de preservar sus ganancias derivadas del control territorial, la apropiación ilegal de tierras y la conformación de bases electorales.

De acuerdo con la sentencia, la actuación fiscalizadora de Marielle Franco afectó intereses de estructuras vinculadas a milicias, lo que llevó a planificar el homicidio como un mensaje intimidatorio contra quienes se opusieran a esos esquemas.

Moraes afirmó que en la elección de la víctima influyeron también factores de racismo y misoginia, al señalar la condición de mujer negra y proveniente de sectores populares de la concejala asesinada.

La Primera Sala también condenó al exmayor de la Policía Militar Ronald Paulo Alves Pereira a 56 años de prisión por los homicidios, así como al exasesor Robson Calixto Fonseca por integrar la organización criminal.

En tanto, el exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro Rivaldo Barbosa fue absuelto del cargo de homicidio por falta de pruebas suficientes, pero condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, al comprobarse que aceptó ventajas indebidas para entorpecer las investigaciones.

Durante el juicio, el presidente del STF, Edson Fachin, acompañó la sesión en el plenario, donde estuvieron presentes familiares de Franco y Gomes, entre ellos la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de Marielle, así como la madre y la hija de la concejala.

La ministra Cármen Lúcia cuestionó cuántas otras muertes similares tolerará el país antes de reafirmar plenamente el Estado de Derecho.

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