La organización sostuvo que la criminalización de activistas ambientales se intensificó desde 2025, especialmente en provincias con conflictos activos como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, donde reporta más de 200 campesinas y campesinos procesados.

El Frente aseguró que desde julio del pasado año se construyó un discurso oficial y corporativo que busca vincular a sus integrantes con el crimen organizado, la minería ilegal y presuntos fondos irregulares, en el contexto del conflicto armado interno decretado en el país.

Según la organización, esta narrativa fue impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y por abogados de empresas mineras transnacionales, con el objetivo de estigmatizar, intimidar y desarticular la resistencia social.

El colectivo afirmó que en agosto de 2025, a través de un proceso de justicia indígena en Cotopaxi, se reveló la existencia de una red de inteligencia policial dedicada a espiar a organizaciones sociales, entre ellas el Frente Nacional Antiminero.

Añadió que el 18 de septiembre pasado, 71 personas, entre dirigentes sociales, ecologistas, académicos y defensores de derechos humanos, fueron procesadas por presunto enriquecimiento ilícito no justificado, incluidos 16 integrantes del Frente.

De forma paralela, la organización denunció el bloqueo de cuentas bancarias personales sin orden judicial ni justificación administrativa, y la posterior ampliación de cargos por presunto financiamiento de terrorismo, pese a la ausencia de pruebas.

Aunque tribunales ordenaron el desbloqueo de cuentas, el Frente afirmó que el acoso persiste y que seis de sus integrantes enfrentan el cierre definitivo y unilateral de sus cuentas, lo que calificó como asfixia financiera.

Ante este escenario, el colectivo lanzó la campaña “Sin defensores no hay derechos” y pidió a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación visibilizar el uso del sistema penal y financiero como herramienta de persecución.

El Frente advirtió que esta política se produce mientras la Asamblea Nacional(Parlamento) debate el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, cuyo archivo exigió por considerar que favorece a corporaciones multinacionales.

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