La CSI comunicó que el acuerdo “solo será viable para el conjunto de la actividad industrial-productiva si se mejoran las salvaguardias que garanticen la soberanía, la seguridad alimentaria y el empleo digno, entre otros aspectos”.

Propone cinco garantías para proteger el trabajo, la industria y el valor agregado. Considera que en las condiciones actuales el tratado es “inviable” y sostiene que “defender la industria y la producción nacional es defender la soberanía”.

Plantea que exista un mecanismo de activación obligatoria si un sector registra una caída de tres por ciento en cotizantes al Banco de Previsión Social o un aumento de 10 por ciento en el seguro de paro en un semestre.

También la aplicación de aranceles de defensa en un máximo de 21 días.

Dispone el blindaje de compras públicas y contenido local y la defensa de pequeñas y medianas empresas y para cooperativas nacionales.

El comunicado de la CSI plantea exigir a las empresas europeas ganadoras de obras públicas un mínimo de 75 por ciento de mano de obra nacional y la contratación de empresas uruguayas.

La CSI exige la inclusión de salvaguardias específicas para productos y ramas industriales con alto porcentaje de mano de obra en su elaboración (por ejemplo: autopartes, frigoríficos, industria alimenticia).

En sintonía con la central sindical unitaria PIT-CNT la Confederación apoya consensuar una estrategia nacional de desarrollo para revertir el rol de Uruguay como exportador de productos con bajo valor agregado.

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