La Comisión de Desarrollo Económico aprobó esta semana el informe para el debate de la oficialmente denominada Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica.

El Ejecutivo defiende la iniciativa con el argumento de que es necesaria una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad y a la estabilidad macroeconómica del Estado.

Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), advirtió que la propuesta del Gobierno prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, derecho reconocido en la Constitución.

Gustavo Redin, de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), dijo a Prensa Latina que esto generará “mucha inseguridad jurídica”, ya que las comunidades solo podrían demandar la inconstitucionalidad una vez vulnerado el derecho, tras largos procesos judiciales.

Otra de las preocupaciones del activista es que la militarización de zonas mineras legales, como está previsto en la normativa, podría utilizarse para contener la oposición social.

Añadió que la iniciativa se enmarca en la promoción internacional del país como destino minero y advirtió que la falta de seguridad jurídica podría derivar en demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano.

Por otro lado, la normativa incorpora cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer reglas que permitan la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria, entre otros temas.

Ante la posibilidad de que la ley finalmente sea aprobada, Redin adelantó que presentarán demandas de inconstitucionalidad por vicios de fondo y de forma.

rc/avr