En su resolución, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil determinó que en el caso se configuraron violaciones de derechos humanos como desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de un uso indebido de la fuerza y hechos de encubrimiento institucional.
“La justicia ha sido clara en condenar el uso ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza pública, en un caso de violencia institucional extrema contra un niño y tres adolescentes en Ecuador”, expresó el representante regional del organismo multilateral, Jan Jarab.
Según el funcionario, la decisión judicial reafirma la prohibición absoluta de la desaparición forzada y la tortura, así como la obligación de debida diligencia y la responsabilidad penal individual de los agentes estatales, en línea con las normas internacionales de derechos humanos.
Jarab también valoró las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición ordenadas al Estado ecuatoriano, entre ellas capacitaciones obligatorias en derechos humanos, actos de memoria y la exigencia de disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
“En un contexto en que existen otras denuncias de desapariciones en el país, el fallo representa un paso significativo contra la impunidad”, añadió.
El 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvo en la ciudad de Guayaquil a Josué e Ismael Arroyo (14 y 15 años, respectivamente), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años).
Los restos de los chicos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre de ese año en una zona rural de Taura, en la provincia de Guayas.
Durante el trayecto y en el lugar de abandono, los menores sufrieron agresiones físicas y psicológicas, antes de ser dejados en una zona de alta peligrosidad, según salió a la luz durante el juicio.
Este hecho, que conmocionó al país, ocurrió en un contexto de militarización en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, quien indicó a las Fuerzas Armadas sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.
ro/avr
