La jornada comenzó con una protesta masiva alrededor del Obelisco, céntrica zona de Buenos Aires, a partir de las 07:00 hora local, la cual fue convocada por las redes sociales y fue reprimida por unidades de la Policía de la Ciudad. Se esperan más manifestaciones durante el día.
El ejecutivo de Javier Milei desea sancionar en el Senado dos leyes ambiciosas: la reforma laboral y Régimen Penal Juvenil, antes que el presidente inaugure el domingo la nueva Legislatura con un discurso en el Congreso de la Nación, y así demostrar principalmente a Estados Unidos y al FMI que goza de estabilidad para aplicar sus políticas.
La cámara alta termina así las sesiones extraordinarias a las que convocó la Casa Rosada con el apoyo de sus líderes legislativos y aliados. Se vaticina que será una deliberación tensa y prolongada que puede terminar en la madrugada del sábado.
El debate debe comenzar al mediodía y se vaticina que el bloque oficialista y aliados conseguirán la sanción de la reforma laboral, también del nuevo régimen penal juvenil.
Ya el Senado la aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra hace tres semanas, pero en la discusión en la Cámara de Diputados los legisladores le hicieron modificaciones y por eso tuvo que retornar a la cámara alta. En cuanto al Régimen Penal Juvenil, la Cámara de Diputados la aprobó hace dos semanas con 149 apoyos y 100 rechazos.
El jueves, el ejecutivo logró que el Senado le aprobara el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea con una amplia mayoría de 69 votos a favor y tres en contra. Luego, consiguió la media sanción en la reforma en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, que aún debe ser tratado en la Cámara de Diputados.
La Confederación General del Trabajo convocó a una gran movilización el lunes hacia los Tribunales de Comodoro Py donde presentará un amparo contra la nueva Ley Laboral, vista como regresiva y cercena derechos de los trabajadores.
En cuanto al tratamiento judicial a los jóvenes el régimen propuesto rebaja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo cual ha generado rechazo y juristas coinciden en que eso no solucionará el problema de la delincuencia juvenil, lo cual se puede lograr –argumentan- con un mejoramiento socio-económico de los adolescentes.
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