Planteó el gobernante que si bien el software que se usará durante esa jornada fue exhibido por el registrador, Hernán Penagos, aún no ha sido auditado por ningún experto de ningún partido.
“Es tiempo de transparencia; las elecciones no son transparentes mostrando softwares, sino auditado su código fuente: sus fórmulas, por personas independientes a usted, señor registrador, y a los que contrató y que hicieron el software y lo manejan: personas afiliadas a una empresa acusada de fraude electoral en Colombia y el exterior y probado su fraude en el año 2014”, remarcó el jefe de Estado.
También pidió al funcionario permitir que copias del software de escrutinio se entreguen a los partidos y luego de auditados por ellos, si no hay fallas y fraudes, facilitar que el día de elecciones se constate que el programa informático en acción es el mismo ya verificado.
Las alertas de Petro cobraron nuevo impulso tras una denuncia del medio alternativo Raya.
La revista reveló cómo a pesar de que en documentos consta la renuncia del Grupo ASD para participar en el proceso electoral en Colombia tras las irregularidades detectadas en su desempeño en los comicios presidenciales de Honduras, aún sigue relacionada con los preparativos de los sufragios del país neogranadino de diversas formas.
Alerta también el mandatario acerca de que es una filial del consorcio Thomas Greg and Sons, compañía encargada de la impresión de los pasaportes de los colombianos desde hace 20 años.
Según manifestó el gobernante, ASD tuvo implicación en el fraude detectado en 2014 por el cual resultó perjudicado el partido colombiano Mira, y también en 2022 contra el Pacto Histórico, así como en las elecciones locales juveniles en el año 2023.
Por otra parte advirtió que tras el retiro de ASD del contrato de preconteo, fue sustituida por otra empresa que también es de Thomas Greg and Sons.
Justo durante esta jornada, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional y la Fiscalía General, se han incautado 623 millones de pesos (unos 165 mil dólares al cambio actual), que podrían estar vinculados, presuntamente, a la intención de cometer delitos electorales en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca.
Añadió el funcionario además que actualmente avanzan 14 macrocasos de investigación relacionados con los principales delitos electorales tales como el constreñimiento al votante, financiación ilegal de campañas, inhabilidades e incompatibilidades y suplantación de electores.
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