Las tres recibieron la bendición de un Senado pro-mileista que le ofrendó al presidente sus ansiadas leyes a tiempo para poder exhibirlas como un trofeo este domingo cuando acuda al Congreso para inaugurar la nueva Legislatura con un discurso a la Nación.

“Los políticos que votaron por esas reformas actuaron de espalda al pueblo, de espalda a la Nación Argentina, desoyeron el clamor popular y de expertos sobre los negativos y regresivos efectos que tendrán esas leyes”, manifestó a Prensa Latina el sindicalista Oscar Verón.

Mientras, los debates tenían lugar dentro del recinto senatorial en las calles enormes multitudes de afiliados a sindicatos, organizaciones políticas, sociales y ambientalistas se manifestaron contra las reformas y fueron reprimidos duramente por las fuerzas policiales, con saldo de 122 heridos y varios detenidos solo contando el saldo del viernes.

Entre muchos titulares de prensa destaca el de Página12 “El Senado convirtió en ley la esclavitud laboral”, y recuerda que lo hizo con el voto afirmativo de 42 legisladores frente a 28 negativos y dos abstenciones. También la cámara alta logró la aprobación final del nuevo y polémico régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Eso ocurrió el viernes 27 y un día antes ese mismo recinto le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares que defensores del ambiente rechazaron fuertemente frente a la sede legislativa, protesta que terminó con lesionados, incluidos un camarógrafo del canal América 24, y una decena de arrestados.

El senador José Mayans, del arco peronista, alertó que esta ley “nació mal y termina mal”. La lograron –dijo- en un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

En esa dirección, la Confederación General del Trabajo convocó una gran movilización para el lunes hacia los Tribunales de Comodoro Py donde presentará un recurso de amparo contra la reforma que Mayans enfatizó “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

Sindicatos, políticos y líderes sociales la rechazan, entre otras razones, porque crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con el cual el ejecutivo quiere costear las indemnizaciones por despido laboral con el dinero de la caja de jubilaciones, repudian los gremios y otras agrupaciones.

También se oponen al horario de 12 horas sin pago por tiempo extra, el escalonamiento del salario, el pago en productos (en vez de dinero), el fraccionamiento de las vacaciones en siete días, prohibición a huelgas, la pérdida de antigüedad y del derecho a negociar el convenio laboral, entre otras.

La norma también elimina el estatuto de periodista y del personal administrativo de los medios, lo cual deja sin resguardo jurídico a los profesionales de la prensa, y otro traspasa el fuero federal de los tribunales laborales al sistema judicial de Buenos Aires, otra propuesta muy repudiada.

Juristas laboralistas señalan que además choca con tratados internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

En cuanto a la enmienda a la Ley de Glaciares ambientalistas y expertos la rechazan al calificarla ilegal e inconstitucional por reducir la protección del medio, a fin de favorecer la megaminería. Argumentan que pone en riesgo recursos estratégicos de agua dulce y el ambiente periglacial al permitir actividades extractivas previamente prohibidas.

Sostienen, además, que reduce los presupuestos mínimos de protección ambiental, lo que sienta un peligroso precedente para el cuidado del ecosistema, y denuncian que elimina la prohibición de actividades extractivas cerca de glaciares, favoreciendo intereses económicos sobre la seguridad hídrica.

Consideran irresponsable debilitar la protección en medio de una crisis hídrica y climática, poniendo en peligro el suministro de agua para poblaciones y economías regionales.

El oficialismo también logró en el Senado darle media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, lo cual a juicio de especialistas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) no resuelve el problema y pudiera profundizarlo.

Esa agrupación defensora de los derechos humanos alerta que bajar la edad de responsabilidad penal, juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más pequeños, no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito.

Eso sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces.

“La violencia que crece en nuestra sociedad se produce por múltiples causas, de las que el Estado es el mayor responsable”, enfatiza la CPM en un comunicado.

“La desigualdad afecta y profundiza la vulnerabilidad de muchos de nuestros pibes y los somete a múltiples violencias que los gobiernos no sólo no resuelven con políticas adecuadas sino que profundizan con más violencia de sus organismos de control”, sostiene la Comisión.

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