El asesor del Líder Supremo, Mohammad Mokhbar, declaró que la fase posterior al magnicidio será supervisada por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y un miembro del Consejo de Guardianes, con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y la continuidad del sistema político.
La Presidencia iraní calificó el asesinato como “un crimen grave que no quedará sin respuesta” y advirtió que los responsables “pagarán un alto precio”. “Responderemos con toda la fuerza y determinación a quienes perpetraron el asesinato del Líder Supremo y a quienes están detrás de ellos”, subrayó el comunicado oficial.
Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, afirmó que “arderemos el corazón de Estados Unidos e Israel como ardía nuestro corazón por el Líder Supremo”, y sostuvo que el enemigo “se engaña si cree que asesinar líderes desestabilizará a Irán”.
Desde el Parlamento, su presidente Mohammad Baqer Qalibaf aseguró que la nación ha desarrollado los planes necesarios para la era posJamenei y que se han previsto todos los escenarios posibles. Indicó además que la denominada “Operación Promesa Verdadera 4” fue ejecutada apenas horas después del martirio del ayatolá.
El titular del Legislativo acusó directamente al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de “cruzar la línea roja”, y reiteró que Teherán exigirá responsabilidades a Washington y Tel Aviv.
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