Pabón y sus simpatizantes acudieron a la Corte Constitucional con una acción que pide anular la normativa, aprobada a finales de febrero en la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, a pesar de los cuestionamientos de sectores sociales y políticos.

La prefecta afirmó que el objetivo de la denuncia es resguardar los derechos ciudadanos y la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

“Estamos aquí porque defendemos los derechos de nuestra gente, de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad y de nuestros adultos mayores. Pedimos a la Corte que sea el último espacio de independencia en este país”, aseveró la funcionaria.

Asimismo, Pabón cuestionó que la reforma haya sido tramitada en el Parlamento como ley económica urgente, lo cual limitó el debate público y redujo la participación ciudadana.

La disposición, impulsada por la administración de Daniel Noboa, establece que los GAD (municipios y prefecturas) destinen el 70 por ciento de su presupuesto a inversión pública y el 30 por ciento a gasto corriente, que incluye salarios y funcionamiento administrativo.

Si bien el Ejecutivo afirma que el objetivo es lograr mayor eficiencia, en la movilización de este martes con consignas y pancartas en rechazo a la ley.

A la demanda de la Prefectura de Pichincha, provincia donde se encuentra la capital de Ecuador, se suman las presentadas por el movimiento Pachakutik, el Frente Unitario de Trabajadores, la Revolución Ciudadana, entre otras.

Todos esos pedidos de impugnación están en manos de los jueces constitucionales que ya en septiembre de 2025 dejaron sin efecto dos leyes de interés de Noboa, la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional.

Aquella decisión de la Corte tuvo lugar en un contexto de presión política desde el oficialismo contra los magistrados y, aunque existen más de 20 demandas de inconstitucionalidad contra otras normativas propuestas por el Ejecutivo, permanecen pendientes de resolución.

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