El arduo trámite fue aprobado en noviembre de 2025 por el Consejo de Ministros a pedido del Poder Judicial y hubiera quedado trunco si el Tribunal Constitucional (TC) aprobara un habeas corpus presentado por Hinostroza.

El TC desestimó el recurso del prófugo, que pretendía anular la medida judicial de someterlo a tres años de prisión preventiva, así como la orden de detención nacional e internacional vigente.

En la red de corrupción judicial, según investigaciones de la Fiscalía, participaron abogados, jueces, fiscales, abogados y empresarios que intercambiaban favores o dinero a cambio de sentencias de impunidad,

La apelación alegaba que el fuero especial de Hinostroza como juez de la Corte Suprema había sido violado por el Ministerio Público al presentar como pruebas escuchas telefónicas de terceros, en las que se coordinaban arreglos para direccionar sentencias judiciales.

El ex juez supremo, investigado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal, estaba a punto de ser detenido cuando el 7 de octubre de 2018 se fugó del país.

Por el rango de juez de la Corte Suprema de Hinostroza, la orden para su detención requería la luz verde del Parlamento de mayoría conservadora, que no la otorgó con celeridad, lo que permitió su escape.

El juez pudo salir de su casa en Lima sin que la Policía lo vigile y viajar en automóvil sin ser molestado en los controles policiales en un trayecto de más de mil kilómetros hasta la frontera norte e ingresó a Ecuador y allí abordó un vuelo a España.

Perú pidió su extradición y detención preventiva al Estado español, que lo encarceló pero cuando la justicia hispana aprobó la entrega de Hinostroza, el exmagistrado ya había salido de España rumbo a Bélgica.

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