La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras entidades internacionales, establece varios ejes.

Aborda cuestiones tales como la centralidad de los derechos humanos y laborales; el enfoque de género e interseccional; la contratación equitativa, transparente y regulada; el acceso a información clara y gratuita; la garantía de seguridad y protección social, incluida la portabilidad de derechos; y la aplicación del principio de acción sin daño.

Estas directrices, de acuerdo con la fuente diplomática, buscan prevenir prácticas fraudulentas y abusivas, fortalecer la cooperación con países de destino y asegurar condiciones justas para las personas trabajadoras migrantes.

Asimismo, remarcó, la hoja de ruta define el ciclo integral de la movilidad laboral desde el fortalecimiento de marcos normativos y la suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales, hasta la formación y certificación de competencias, la intermediación laboral ética, la orientación previa al viaje y el acompañamiento para el retorno.

El Plan de Acción presentado fija prioridades estratégicas en gobernanza migratoria, gestión de información para el empleo internacional, fortalecimiento de capacidades y apoyo integral a trabajadores migrantes, apuntó la entidad.

El objetivo, ahondó, es traducir los lineamientos en resultados medibles y sostenibles en el tiempo.

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