Esa colectividad divulgó sus inquietudes en torno al tema, especialmente en relación con la seguridad del software, la concentración de funciones esenciales en un único proveedor privado y la persistencia de graves irregularidades documentadas y probadas judicialmente.

“La reciente exhibición de fragmentos del software por parte de la Registraduría no constituye una auditoría técnica independiente. No hubo revisión integral del código fuente ni análisis forense que permita detectar vulnerabilidades en los procesos de preconteo, escrutinio y consolidación de resultados. Persisten brechas de seguridad y debilidades en la cadena de custodia digital”, alertó en su comunicado.

Insistió que la posibilidad de un fraude está latente y recordó que el Consejo de Estado, en una sentencia de 2018, comprobó el sabotaje de mil 412 mesas y la exclusión de más de 236 mil votos, por lo cual ordenó implementar un software estatal con trazabilidad completa.

La colectividad remarcó que esa orden sigue incumplida y alertó cómo gran parte del proceso electoral continúa en manos del mismo proveedor privado, que ha concentrado la mayoría de contratos electorales desde 2007.

Hizo entonces un llamado a autoridades electorales, organismos de control, a las misiones de observación nacional e internacional, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, a actuar con diligencia y a apoyar las medidas que propuso a continuación.

En primer lugar pidió el Pacto Histórico realizar una auditoría técnica independiente del software electoral, con revisión de expertos en el que se entregue y examine el código fuente completo, se haga un análisis de vulnerabilidades y se verifique su integridad, trazabilidad y correspondencia con el código ejecutado el día de las elecciones.

Solicitó asimismo publicar protocolos completos de trazabilidad sobre transmisión, digitación y consolidación de datos electorales, con mecanismos claros de control, registro y verificación.

Otro de sus planteamientos fue la necesidad de acatar las órdenes judiciales sobre desconcentración y control público efectivo de las fases críticas, de manera que se garantice a las instituciones del Estado, y no a una empresa privada, tener capacidad de supervisión.

Requirió además la publicación de los informes técnicos de auditorías contratadas y levantamiento de cláusulas de confidencialidad, así como el fortalecimiento de la instrucción a los jurados electorales para no dejar espacios en blanco en los formularios E14, las actas oficiales de escrutinio usadas para registrar los resultados de la votación.

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