De acuerdo con una nota de la Presidencia, las medidas buscan busca reactivar los sistemas agroalimentarios para garantizar el derecho a la alimentación, establecer alivios para los pequeños mineros y facilitar el acceso al servicio de energía eléctrica.
También, abundó la comunicación, contiene disposiciones en materia de vivienda y hábitat, agua potable y saneamiento básico, recuperación de la red vial y financiación de la infraestructura y dotación de las instituciones de educación superior.
El Decreto 0212, por ejemplo, adopta medidas extraordinarias para restablecer los sistemas de abastecimiento agroalimentario, las cadenas de suministro y los medios de vida rurales, mientras que el 0213 incluye la suspensión de intereses moratorios en el pago de canon superficiario y regalías durante la emergencia para pequeños mineros.
Otra de las normas establece que no habrá facturación del servicio de energía eléctrica a los usuarios afectados por la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Ante las afectaciones a las casas, se decidió que los municipios determinarán reubicaciones o reasentamientos de la población, en tanto el Ministerio de Vivienda implementará programas y proyectos para restablecer las condiciones de habitabilidad a las familias afcetadas.
Asimismo, mediante el Decreto 0222, el Gobierno estableció medidas extraordinarias para el sector transporte, con miras a intervenir inmediatamente la infraestructura vial afectada por las severas inundaciones e inundaciones registradas en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Córdoba.
Según un reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, si bien ascienden a 17 los departamentos y a más de 110 los municipios afectados por las lluvias caídas fundamentalmente en la región norte del país, Córdoba es el departamento que experimenta mayores perjuicios con más de 70 mil familias damnificadas.
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