El estudio Viver nas Cidades: Mulheres, realizado por el Instituto Ciudades Sostenibles y la consultora Ipsos-Ipec, entrevistó a tres mil 500 personas en diciembre de 2025 en 10 capitales del país: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

De las dos mil 66 mujeres incluidas en la muestra, el 71 por ciento aseguró haber sufrido algún tipo de acoso en al menos uno de seis espacios analizados: calles y áreas públicas, transporte público, ambiente laboral, ámbito doméstico, bares o centros nocturnos y transporte privado.

“La inseguridad es una regla en nuestras vidas, no una excepción”, alertó Patrícia Pavanelli, directora de Opinión Pública y Política de Ipsos-Ipec, durante la presentación del informe en São Paulo.

Según el estudio, citados por medios como G1 y Agencia Brasil, los lugares donde más se registran episodios de acoso son las calles y espacios públicos —como plazas, parques y playas— mencionados por el 54 por ciento de las encuestadas, seguidos por el transporte público, señalado por el 50 por ciento.

El ambiente laboral aparece en tercer lugar con 36 por ciento de las respuestas, mientras bares y centros nocturnos fueron indicados por el 32 por ciento de las mujeres, el entorno familiar por el 26 por ciento y el transporte privado, como taxis o vehículos por aplicaciones, por el 19 por ciento.

Además, el cinco por ciento de las entrevistadas afirmó haber sufrido acoso en todos los espacios evaluados por la investigación.

Si bien el índice muestra una ligera reducción respecto a 2014, cuando el 74 por ciento de las mujeres reportó situaciones similares, las entidades responsables del estudio consideran que la proporción sigue siendo elevada y persistente en las ciudades analizadas.

La fiscal Fabíola Sucasas, de la Promotoría de Enfrentamiento a la Violencia Doméstica del Ministerio Público de São Paulo, afirmó que confiar únicamente en el aumento de penas no resolverá el problema, pues delitos como el feminicidio ya cuentan con las sanciones más altas previstas en la legislación brasileña.

Por su parte, la coordinadora de Políticas para Mujeres de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos de São Paulo, Naiza Bezerra, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y repensar las políticas públicas a partir de datos como los presentados en la investigación.

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