En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la organización reiteró sus reclamos de igualdad y justicia, así como la necesidad de implementar políticas públicas eficaces que garanticen los derechos de las féminas.

A juicio del movimiento, las acciones adoptadas por el Estado no han sido suficientes para disminuir la agresión ni para cerrar las brechas sociales existentes.

Representantes de la entidad señalaron que, pese a algunos avances en materia de derechos, aún persisten desigualdades que limitan la autonomía de ese grupo de la población, su participación política y el acceso pleno a derechos vinculados con la salud, la sexualidad y la reproducción.

Asimismo, advirtieron que la violencia de género, la violencia sexual y los feminicidios continúan siendo algunas de las manifestaciones más graves de esas desigualdades.

De acuerdo con datos citados del Ministerio de la Mujer, ellas dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres a las labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

En cuanto al mercado laboral, la participación masculina sigue siendo mayor, con 59 por ciento de hombres frente a 41 por ciento de mujeres. A esto se suma una brecha salarial que oscila entre 10 y 20 por ciento menos para las mujeres que realizan trabajos similares.

Las organizaciones también resaltaron el aumento de los hogares encabezados por mujeres, que ya representan alrededor del 40 por ciento del total, lo que implica mayores responsabilidades económicas y sociales para madres solteras, viudas o separadas.

En el ámbito político, señalaron que la presencia femenina en los espacios de toma de decisiones continúa siendo limitada.

En la actualidad solo cuatro integran el Senado de la República Dominicana y 70 ocupan curules en la Cámara de Diputados, lo que equivale al 36.8 por ciento del total.

Durante el encuentro, Manuela Vargas, coordinadora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, expresó preocupación por los casos de feminicidios registrados en el país.

Vargas afirmó que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave que, en su opinión, no ha recibido la prioridad necesaria dentro de los presupuestos gubernamentales.

La violencia de género continúa generando preocupación entre las autoridades gubernamentales, las organizaciones sociales y, especialmente, entre las familias que observan con alarma el aumento de asesinadas, en la mayoría de los casos por personas de su entorno cercano, entre ellas exparejas de las víctimas.

Para comprender por qué algunas mujeres son asesinadas en este país, resulta necesario analizar no solo los hechos en sí, sino también las causas.

Para analistas, uno de los indicadores que ayuda a explicar las raíces de esta alarmante violencia está relacionado con la situación socioeconómica de la población.

La República Dominicana exhibe una de las economías de crecimiento más acelerado de América Latina y el Caribe en la última década, impulsada principalmente por el sector servicios.

Tras la pandemia de la Covid-19, el Producto Interno Bruto se recuperó y registró un crecimiento promedio de 4,0 por ciento, favorecido por el aumento del turismo, una de las principales fuentes de ingresos.

No obstante, ese dinamismo económico no se refleja de igual manera en todos los sectores de la sociedad, y muchos grupos de la población aún no experimentan mejoras significativas en sus condiciones de vida, entre estos las mujeres.

El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigor a mediados de este año, incluye disposiciones destinadas a fortalecer la protección de las mujeres.

Entre las más relevantes está la tipificación del feminicidio como delito, castigado con penas de hasta 40 años de prisión, así como sanciones más severas para algunos delitos violentos, y el reconocimiento de nuevas formas de agresión, como la violencia económica y el ciberacoso.

No obstante, el código ha generado críticas de organizaciones sociales y de derechos humanos, que consideran que aún presenta limitaciones en materia de derechos de las mujeres, especialmente por mantener la prohibición del aborto y por vacíos en la regulación de algunos aspectos de la violencia de género.

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