Este viernes el embajador cubano Basilio Gutierrez y todos los funcionarios de la isla salieron del territorio ecuatoriano luego de que el Ejecutivo los declarara persona non grata y les diera 48 horas para abandonar el país.
La Cancillería ecuatoriana indicó que la decisión se ampara en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un Estado retirar el reconocimiento a diplomáticos extranjeros en cualquier momento.
Cuba, por su parte, rechazó la decisión y dijo que se trataba de un acto injustificado, inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos.
Ciudadanos ecuatorianos se concentraron frente a la legación durante las últimas jornadas para expresar su repudio a la medida, con pancartas y consignas en apoyo a la isla.
A las muestras de apoyo se sumaron políticos de oposición y organizaciones civiles, como la Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (Conaie), la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Revolución Ciudadana y sus líderes, así como la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba.
Finalmente, ante la imposibilidad de realizar labores diplomáticas, la nación caribeña cerró este viernes la embajada en Quito y el inmueble quedó bajo custodia policial.
Medios de prensa locales han difundido versiones que acusan al personal diplomático cubano de presunto espionaje, sin embargo, el Gobierno ecuatoriano no detalló públicamente los motivos de la decisión.
Movimientos sociales, políticos y activistas ecuatorianos rechazan la expulsión de los representantes de la nación antillana y vincularon la decisión del ejecutivo ecuatoriano con la reunión del presiente Daniel Noboa con el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros mandatarios de derecha.
Paralelamente, esta semana en Ecuador las autoridades anunciaron la realización de operativos militares conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, incluso Noboa se reunió con autoridades del Comando Sur.
En materia de política doméstica, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, por nueve meses tras un pedido de la Fiscalía para investigar un caso de presunto lavado de activos.
La titular de la organización, Gabriela Rivadeneira, afirmó que “la dictadura de Daniel Noboa instala un régimen de terror en el país más inseguro y violento del continente, ahora, ordena la proscripción de la RC de manera ilegal e irregular en plena marcha de calendario electoral”.
La principal preocupación es que el fallo impediría al partido opositor inscribir candidaturas para los comicios seccionales del 14 de febrero de 2027, cuando se elegirán alcaldes, prefectos, conjeales y otras autoridades locales.
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