El polémico texto pasó por mayoría de votos el análisis general en la Cámara de Senadores, ahora debe ser discutido artículo por artículo y, de resultar aprobado, dejaría en libertad a torturadores, asesinos, violadores y otros condenados por delitos de lesa humanidad.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) recordó que durante 52 años los detenidos mantienen un pacto de silencio respecto a la verdad de los abominables crímenes perpetrados durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Esto implica que hay miles de familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos, entre ellos los detenidos desaparecidos y 137 ejecutados políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados.

La iniciativa de concederles beneficios carcelarios a los represores partió de los partidos de derecha tradicional Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, más agrupaciones de extrema derecha.

Esta es, ni más ni menos, dijo la AFEP, una estrategia de impunidad procesal destinada a relativizar el horror y el terrorismo de Estado utilizando el pretexto de la “avanzada edad” y supuestas “enfermedades crónicas” de asesinos, torturadores y violadores de derechos humanos.

Durante varios años estos condenados estuvieron recluidos en la cárcel de Punta Peuco, donde disfrutaban de varios beneficios, pero en 2025 el centro quedó convertido en una penitenciaría común, sin ninguna prerrogativa para nadie.

La declaración está firmada por filiales de la AFEP en 17 ciudades o regiones de Chile, además de otros colectivos, como Mujeres por la Vida y la Memoria; Corporación Memoria Begoña; Renacer PRAIS de Chile, así como secretarías y colectivos de las universidades de Chile y la Católica.

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