La decisión fue adoptada por el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado tras una audiencia realizada este domingo para revisar las medidas cautelares que habían sido impuestas al funcionario en abril de 2025.

El tribunal decidió acoger el pedido de la Fiscalía General del Estado al considerar que el alcalde incumplió las condiciones que le permitían permanecer en libertad mientras avanzaba el proceso.

La decisión se basó en la presunta manipulación deliberada del grillete electrónico que el alcalde debía portar como medida de control.

La nueva orden se suma a otra medida de prisión preventiva que Álvarez ya cumple desde el 11 de febrero en una cárcel de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi, dentro de una investigación separada conocida como caso Goleada, relacionada con un presunto delito de lavado de activos.

Durante la audiencia, el alcalde rechazó las acusaciones y calificó de “falso” el argumento de la Fiscalía.

Su defensa, encabezada por el abogado Ramiro García, sostuvo que las alertas se produjeron por fallas técnicas del dispositivo y por problemas de conectividad en la zona donde se encuentra la residencia del funcionario, que describió como un “punto muerto” para el sistema de monitoreo.

La investigación del caso Triple A analiza una presunta red de comercialización ilegal de combustible subsidiado que, según la Fiscalía, habría desviado más de 22 millones de galones y causado un perjuicio al Estado ecuatoriano estimado en unos 61,5 millones de dólares.

Por otro lado, simpatizantes del edil y figuras políticas, mayormente de la Revolución Ciudadana, han denunciado la existencia de un patrón de persecución política contra Álvarez.

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