En conferencia de prensa en esta capital, la entidad explicó que el hecho se produjo el pasado día 2, en horas de la mañana en la finca hacienda La Asunción, anexo San Gregorio Piedra Parada, de esa demarcación del departamento de Quetzaltenango.

Se dio por acusaciones infundadas de la familia Quintanal Campollo, a partir de lo cual se produjo un despliegue desproporcionado de elementos de la Policía en 10 radiopatrullas, con alrededor de 25 efectivos y dos vehículos blindados del Ejército, describió.

Esa fuerza se movilizó con el objetivo de capturar a los ancianos Clemencio Barrera, Teresa Barrera y Teófilo Castro, junto a Regina Barrera, hija de uno de los ancianos, amplió una de las organizaciones históricas de defensores de los campesinos en el país.

Ese grupo de alrededor de 300 –acotó- reivindica su derecho a jubilación y, además, a ser atenidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), debido a que la familia Quintanal Campollo durante más 30 años les robó la cuota que les descontaba.

Los cuatro capturados fueron mozos colonos que nacieron en la finca y allí han vivido toda su vida, por lo que no son usurpadores, aseveró la organización.

Los finqueros Quintanal Campollo, en su afán de extender el cultivo de hule, intentaron desalojarlos de sus viviendas y por esa razón han sufrido hostigamientos, los cuales ya han sido denunciados ante el Ministerio Público, contó.

También, añadió el CUC, se les acusó de tala ilegal, algo que refutaron ante las autoridades correspondientes.

Desde el 2008 comenzaron los trámites de jubilación, pero en el seguro social les indicaron que los patronos nunca cancelaron las cuotas, por lo que no tenían derecho, señaló.

A la fecha –expuso- ya fallecieron casi 60 ancianos esperando que la familia Quintanal Campollo cumpla con su responsabilidad y que el IGSS resuelva la justa demanda de las y los trabajadores que dieron su vida trabajando en la finca.

En junio de 2017 fue asesinado por la seguridad de la finca Eugenio López, de 72 años, quien igualmente pedía pacíficamente su jubilación y derecho a atención por el IGSS, recordó.

El CUC exigió la liberación de los capturados, por lo que consideró un acto ilegal, arbitrario, que a todas luces es uno más de impunidad, que atenta contra la vida de los ancianos, que padecen enfermedades.

Uno de ellos, precisó, tiene amputada una pierna y padece de diabetes, además de que viven en extrema pobreza y son de edad avanzada.

No es justo que ancianos que trabajaron honradamente toda su vida se les trate como delincuentes, enfatizó la entidad, surgida en 1979.

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