De acuerdo con el sondeo, realizado por la firma Cadem, 77 por ciento de los entrevistados rechaza el privilegio para represores mayores de 70 años o que presenten problemas de salud.
En tanto, 92 de cada 100 consultados se opone resueltamente a conmutar las penas a personas que cometieron violación o asesinato.
Organizaciones políticas y sociales, analistas y académicos rechazaron la iniciativa impulsada por la derecha y aprobada la semana pasada en el Senado y que cuenta con el respaldo del presidente electo, José Antonio Kast.
Para los defensores de derechos humanos y víctimas del régimen pinochetista (1973-1990) se trata de un proyecto aberrante y muy peligroso que pone en riesgo todo lo avanzado en justicia, reparación y garantías de no repetición.
La controversia en torno a este plan aumentó al conocerse que la abogada Carla Fernández, representante de los presos de Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, participó en la redacción del proyecto.
En ese recinto penitenciario hay reos como Miguel Krassnoff, apodado “el perro de Pinochet”, quien ha sido condenado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas y asesinatos de opositores a la dictadura.
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