En una declaración difundida aquí las agrupaciones califican como un intento de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad la iniciativa promovida por la derecha para favorecer con la reclusión domiciliaria a reos de más de 70 años de edad o con enfermedades crónicas o terminales.
La declaración está firmada por sobrevivientes de los centros de detención como La Barraca, Tres y cuatro álamos, el Buen Pastor y Magallanes.
Allí las mujeres que participaban en actividades políticas enfrentaron violencia psicológica y física, incluidas torturas, violaciones y amenazas contra sus hijos. Otras fueron ejecutadas y medio siglo después aún se encuentran desaparecidas.
El proyecto para beneficiar a represores contradice los compromisos internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos, señala la declaración.
La norma legislativa fue aprobada en el Senado y, de avanzar, favorecería a más de 700 presos, entre ellos 370 condenados por crímenes de lesa humanidad, algunos recluidos en Punta Peuco, y 365 por delitos comunes, como abusos sexuales, violación y homicidios.
En declaraciones a la prensa antes de viajar a Miami, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, defendió el polémico plan, el cual –dijo- está enfocado “en temas humanitarios”.
Mientras, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, denunció que el proyecto vuelve a victimizar a los familiares de miles de personas que sufrieron la dictadura militar.
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