Con ese propósito habilitó “Puntos Vida”, espacios para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar ayuda de manera inmediata.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que estos puntos ya comenzaron a operar en establecimientos del sector privado y en instituciones públicas, como parte de una estrategia para acercar los mecanismos de protección a las comunidades.
Al término de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada este lunes por la vicepresidenta Raquel Peña, Raful señaló que el personal que participa en esta iniciativa ha sido capacitado para actuar y activar los protocolos de atención en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Con los “Puntos Vida”, según explicó la titular, se “crea una vía de acceso distinta, ya que las mujeres no tienen que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento. Entre los lugares donde ya funcionan estos espacios se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Gobernación Provincial de Santiago de los Caballeros, el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de la Presidencia.
Raful también destacó el fortalecimiento de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional que, en lo que va de año, ha brindado asistencia a mil 695 ciudadanos, además de rescatar a 49 menores de situaciones de riesgo.
Asimismo, informó que 630 personas han sido arrestadas en flagrante delito por casos relacionados con violencia intrafamiliar y de género, mientras que cinco mil 994 víctimas han recibido cobertura, protección y seguimiento por parte de las autoridades.
Raful informó, además, que gracias a las labores preventivas de las instituciones y a la capacidad reactiva de la Policía Nacional, la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 8.05 por cada 100 mil habitantes en lo que va del año.
Actualmente, seis territorios se mantienen en tasa cero, 19 en un solo dígito y nueve en dos dígitos, puntualizó.
Aun así, la situación de los feminicidios en la República Dominicana sigue siendo una preocupación social y de derechos humanos, aunque en los últimos años se registran algunos cambios en las cifras y en las políticas de prevención, según la versión oficial.
Organizaciones sociales y académicas advierten que la violencia de género constituye un problema estructural ligado a factores como el machismo, la desigualdad y fallas en los sistemas de protección.
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