La presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, afirmó este lunes en rueda de prensa que la decisión, emitida por el juez electoral Joaquín Viteri tras admitir una denuncia de la Fiscalía, es “un capítulo más” de lo que considera una persecución política.

La dirigente sostuvo que la decisión buscaría impedir la participación del partido, considerada la principal fuerza de oposición, en los comicios para elegir alcaldes, prefectos, concejales y otras autoridades locales el 14 de febrero de 2027.

La suspensión del grupo político fundado por el expresidente Rafael Correa fue ordenada el pasado 6 de marzo, luego de que el juez aceptara a trámite un pedido del fiscal general subrogante Carlos Alarcón dentro de la investigación conocida como caso Caja Chica.

Ese proceso indaga un presunto esquema de delincuencia organizada relacionado con el supuesto financiamiento irregular con fondos de Venezuela para la campaña de 2023.

El abogado del movimiento, Gabriel Rivera, indicó que la organización inició acciones legales para revertir la suspensión, entre ellas un pedido de nulidad de la resolución del TCE.

Rivera detalló que la investigación se dirige a personas naturales y no al movimiento político como organización, y argumentó que el delito de delincuencia organizada por el cual acusa a la RC no sería aplicable a personas jurídicas.

Por su parte, el abogado Diego Guarderas, quien representa al expresidente Correa y a otros dirigentes, también cuestionó la decisión judicial y afirmó que el movimiento no figura como sujeto investigado en el proceso penal.

De acuerdo con Rivadeneira, pese a las acusaciones, el movimiento participará en los próximos comicios “con sus propios cuadros y como RC”, al considerar que la sanción carece de sustento legal y “se cae por su propio peso”.

Además de las acciones judiciales en el país, Rivadeneira anunció que acudirán a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.

La excandidata presidencial Luisa González, por su parte, recordó cómo en el 2017 con “argucias legales” proscribieron al movimiento Alianza País y denunció que actualmente hay una persecución contra los líderes de la RC impulsada desde el Ejecutivo para impedirles participar en las próximas elecciones.

Esta mañana, en una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a la suspensión de la RC y dijo que sus representantes podrían participar en los comicios locales bajo el auspicio de otro partido.

Según el mandatario, existen nexos entre grupos narcoterroristas y entidades políticas.

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