En un pronunciamiento conjunto, colectivos ambientales y de derechos humanos señalaron que el país necesita una institución que actúe como un verdadero espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, y que mantenga autonomía frente a intereses políticos o económicos.

Las agrupaciones destacaron que ese funcionario debe representar “la voz de los sin voz” y convertirse en una figura capaz de exigir a la administración el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El pronunciamiento surge en momentos en que el Parlamento aprobó el reglamento que abre el proceso de selección del nuevo titular de la Defensoría, cuyo periodo actual concluye el próximo 31 de marzo.

Las agrupaciones exigen que, más allá de los requisitos establecidos por Constitución, la persona elegida debe contar con trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos, solvencia moral y credibilidad ante la ciudadanía.

También consideran indispensable que el proceso de selección incluya un escrutinio público riguroso y la participación de la sociedad civil, en línea con los estándares internacionales.

Entre los criterios planteados por las agrupaciones destacan la necesidad de que el elegido cuente con independencia, capacidad de mediación y liderazgo ético.

Asimismo, consideran que debe tener experiencia en el diálogo con organizaciones sociales y con grupos en situación de vulnerabilidad, además de un conocimiento sólido de los tratados internacionales de derechos humanos.

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó recientemente la resolución que establece el procedimiento para elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.

La primera etapa del proceso se desarrollará en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que deberá abrir la convocatoria pública, recibir la documentación de los aspirantes y realizar entrevistas a los candidatos.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, para ocupar el cargo se requiere ser panameño por nacimiento, tener al menos 35 años de edad, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos y poseer título universitario, preferiblemente en Derecho y Ciencias Políticas.

El actual Ombudsman, Eduardo Leblanc, ha confirmado que aspira a la reelección.

De acuerdo con el procedimiento aprobado, cada diputado dispondrá de cinco minutos para postular a un candidato y hasta treinta minutos para exponer su posición ante el pleno antes de que se proceda a la votación.

La elección se realizará mediante votación en el recinto legislativo, ya sea levantando la mano o a través del sistema electrónico.

Tras concluir el proceso, el nombramiento se formalizará en la misma sesión mediante decreto firmado por el presidente y el secretario general del Legislativo, seguido de la juramentación del nuevo titular de la institución.

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