El informe señala que la formación académica es el factor con mayor peso en la determinación de los ingresos en el país, evidenciando una amplia brecha frente a quienes solo poseen niveles educativos básicos o técnicos.

En contraste, la experiencia laboral acumulada tiene un impacto mucho menor en el alza de los ingresos. El estudio indica que cada año adicional de trabajo apenas aporta un 3.6 por ciento de incremento de sueldo.

En cuanto a la estructura del empleo, el documento subraya que la formalidad laboral no solo garantiza acceso a la seguridad social, sino que representa una ventaja salarial del 30 por ciento frente al sector informal.

No obstante, la investigación alerta sobre los altos niveles de informalidad en sectores clave de la economía nacional.

Precisa que la agricultura, por ejemplo, muestra un 91 por ciento de trabajadores fuera de los registros formales, mientras que la construcción alcanza un 86 por ciento.

El análisis territorial también refleja marcadas desigualdades regionales. La región Este presenta ingresos 5.0 por ciento superiores al promedio nacional, mientras que la zona Sur enfrenta el escenario más desfavorable, con salarios 16.7 por ciento por debajo de la media.

A estas disparidades se suma una brecha de género persistente, ya que las mujeres perciben, en promedio, 20 por ciento menos remuneración que los hombres en condiciones equivalentes.

Respecto al tamaño de las empresas, el estudio indica que las compañías con más de 100 empleados ofrecen las mejores condiciones salariales y concentran 64.6 por ciento del empleo formal en determinados sectores.

Este panorama evidencia los retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que tienen mayores dificultades para competir en la atracción de talento cualificado debido a sus limitaciones en la estructura de costos.

El informe también advierte que, en sectores como la manufactura, un aumento del salario formal podría afectar la demanda de empleo si no está acompañado de mejoras en la productividad.

Finalmente, el estudio concluye que el crecimiento del Producto Interno Bruto real es el principal motor del requerimiento de mano de obra privado. Sin embargo, advierte que este dinamismo está condicionado por las limitaciones del sistema educativo.

Según el documento, sin una mejora sustancial en la calidad de la enseñanza y una mayor vinculación entre la academia y las necesidades empresariales, el progreso económico no se traducirá plenamente en bienestar social.

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