“Hay un proceso abierto y estamos trabajando de manera silenciosa. Se han emitido los requerimientos fiscales respectivos”, afirmó la autoridad respecto a la acusación, sin profundizar en detalles para preservar la investigación.

Lara entregó dos memoriales en la sede del Ministerio Público.

Una acusación está dirigida contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por presuntos sobreprecios en los contratos de compra de hidrocarburos.

Según el vicemandatario, Akly incurrió en los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado e incumplimiento de deberes.

Tales denuncias fueron rechazadas públicamente desde YPFB.

Una segunda acusación involucra al gerente de Productos Derivados e Industrialización de la mayor corporación estatal del país, Carlos Cuéllar.

Este escándalo salió a la luz después que el canal privado DTV difundió audios atribuidos a este funcionario.

Presuntamente, en ellos instruye que la mala calidad de la denominada “gasolina basura” sea endilgada a quienes dirigían YPFB durante el Gobierno del expresidente Luis Arce.

“Diferentes autoridades están preocupadas, lo cual es obvio; nosotros, como Fiscalía, vamos a accionar siempre que corresponda ante los indicios o hechos que se identifiquen en cualquier parte del país”, sostuvo Mariaca.

Las declaraciones del fiscal general coincidieron con las quejas de dos expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Evo Morales, quienes denunciaron este miércoles los daños que el denominado combustible basura causó a sus vehículos.

“Como miles de ciudadanos, he sufrido el daño producido por la gasolina. Mi vagoneta ha necesitado una limpieza de motor, con el consiguiente desarmado, tiempo y costo”, escribió Mesa en su cuenta de X.

Por su parte, Morales denunció que su vehículo fue afectado por el combustible de mala calidad.

“Yo tengo recibo, a ver cuándo me lo paga el Gobierno de Rodrigo Paz; dos veces ya hice arreglar el carrito con el que repartimos comida”, sostuvo en sus redes sociales. Tras reiteradas negativas, el 3 de febrero del año en curso, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz admitió la venta de combustible contaminado, aunque responsabilizó de este entuerto al Ejecutivo de Arce.

El Gobierno de Paz fue posesionado el 9 de noviembre de 2025.

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