Tanto el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, como el de Defensa, René Merino, en diferentes ocasiones afirmaron que la guerra contra pandillas se mantiene dentro y fuera del país hasta capturar al último terrorista, definición aprobada por la Asamblea Legislativa para esos grupos.
Pareciera exagerado pero, pese a que bajo esa medida hasta el 28 de febrero de 2026, las autoridades informan de la detención de 91 mil 439 presuntos mareros y colaboradores, en lo que va de año detuvieron a 595 personas acusadas de pertenecer a ese grupo delincuencial.
Eso justifica que se mantenga el régimen, según la definición gubernamental, y sea prorrogado por 49 ocasión a finales de mes.
El 28 de marzo esa normativa cumplirá cuatro años luego de su aprobación en 2022 cuando en un fin de semana asesinaron a unos 80 salvadoreños, lo que llevó al gobierno a poner mano dura.
Pese a ser blanco de severas críticas de opositores, organizaciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales, la normativa recibe en encuestas de opinión más del 90 por ciento de aprobación popular.
Críticos señalan que la población cedió derechos en función de la seguridad. Eso no está lejos de la verdad pues el ambiente que se respira en el país cambió desde 2022 a la fecha.
Antes en muchos escenarios no se podía traspasar una línea, pues significaba acercarse a la muerte, a la extorsión o caer en manos de grupos de pandillas. El ejemplo está ahí, en el Centro Histórico capitalino, donde se corría el riesgo de encontrarse y ser víctima de pandilleros.
Hoy, el lugar es un remanso de paz donde la restauración del lugar emprendida por el presidente Nayib Bukele cuando fue alcalde y continuada por su sucesor Mario Duran, crearon un escenario moderno muy visitado por salvadoreños y turistas.
Recientes encuestas, una de Cid Gallup y otra de la Universidad Centroamericana (UCA) mostraron que la mayoría de la población (96 por ciento, según el vicepresidente Félix Ulloa) pide su continuidad.
Pese a que el régimen suspendió al menos tres derechos constitucionales, Ulloa aseguró hace pocos días en Madrid que bajo la medida “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las normas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.
Las principales autoridades del país reconocen fallas en algunos casos y la detención de un número determinado de personas inocentes, pero la realidad indica que la política gubernamental es efectiva y, según las encuestas, el pueblo apoya mantener el régimen.
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