Según trascendió aquí, durante la sesión en Ginebra, expertos del organismo pidieron al Gobierno ecuatoriano información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y los mecanismos de control para prevenir desapariciones forzadas.
La vicepresidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, preguntó a la delegación ecuatoriana qué ha ocurrido con los militares investigados por presunta responsabilidad en casos de desaparición de personas.
Igualmente solicitó detalles sobre los controles civiles y los mecanismos de rendición de cuentas que supervisan las operaciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de la Policía Nacional del Ecuador. La experta pidió además información sobre la aplicación de manuales de derechos humanos en operativos de seguridad, la actuación militar durante protestas y el contenido del denominado plan de seguridad “Plan Fénix”.
Otro de los relatores del comité, Paulo de Tarso, consultó si ese plan es un documento formal y accesible para la ciudadanía y la sociedad civil.
Los expertos también expresaron preocupación por el uso reiterado de estados de excepción en el país y por la creciente militarización como medida para enfrentar la crisis de seguridad.
En ese contexto, Villa Quintana se refirió a declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien dijo recientemente: “quédense en sus casas para evitar daños colaterales” ante un toque de queda previsto del 15 al 30 de marzo en varias provincias.
Durante la audiencia, la delegación ecuatoriana sostuvo que los estados de excepción no constituyen una herramienta permanente, sino medidas temporales y focalizadas en zonas con altos niveles de violencia, y que, además, son revisadas por la Corte Constitucional.
El representante del Ministerio de Defensa, Leonardo Alvear, afirmó que la intervención militar en estos contextos no es autónoma ni discrecional y se realiza como apoyo complementario a la Policía.
“En estricto cumplimiento de la normativa internacional, las Fuerzas Armadas tienen prohibido contar con centros de detención. Toda persona aprehendida debe ser registrada y entregada sin demora a la autoridad competente”, señaló.
Alvear agregó que los uniformados mantienen programas permanentes de capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza, y aseguró que la institución colabora con la justicia ordinaria cuando existen denuncias por presuntos abusos.
Por su parte, el representante militar Víctor Allauca Muñoz afirmó que las órdenes de operaciones incluyen un anexo jurídico que fija los límites de actuación del personal y sostuvo que el Estado “respeta la independencia judicial” frente a investigaciones por vulneraciones de derechos.
Según datos presentados por María Belén Quelal, en representación de la delegación ecuatoriana, entre 2022 y 2025 se registraron 30 mil reportes de personas desaparecidas, y de ellos dos mil 148 se mantienen en investigación.
Explicó que inicialmente estos casos se clasifican como desaparición involuntaria hasta que la Fiscalía determine si existe o no desaparición forzada.
En el examen también participó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE), que refirió la existencia de al menos 51 casos de víctimas de desaparición forzada en Ecuador durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El proceso, que continuará mañana, forma parte de los mecanismos de seguimiento de la ONU para evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y podría derivar en recomendaciones al Estado ecuatoriano.
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