Se solicita “emitir un llamamiento urgente exigiendo el levantamiento inmediato de las sanciones que impiden la llegada de combustible y tecnología médica a la isla. Y que se levante el bloqueo económico contra Cuba”, apuntó Peña en una misiva firmada en la Ciudad de México.
La carta –dirigida, entre otros, al Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio-, insta igualmente a una “visita in situ para constatar el impacto humano de la inclusión de Cuba en la (unilateral) lista (elaborada por Washington) de patrocinadores del terrorismo”.
Asimismo, pide llamar a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a calificar el cerco como una amenaza directa a la seguridad humana y un acto contrario a la prevención del genocidio.
La comunicación denuncia la escalada de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la isla, “las cuales, tras más de 60 años de bloqueo, han alcanzado un nivel de asfixia que compromete la supervivencia biológica del pueblo cubano”.
“La persecución energética y financiera actual constituye un acto de naturaleza genocida, según lo tipificado en el Artículo II, inciso (c) de la Convención de 1948, al crear condiciones de vida calculadas para la destrucción física, total o parcial, de un grupo nacional”, sostiene.
Menciona que la persecución a buques, aseguradoras y suministradores de combustible ha paralizado la red eléctrica nacional, lo cual detiene servicios críticos en hospitales, sistemas de bombeo de agua potable y producción de alimentos.
Agrega que la arbitraria inclusión en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo impide el acceso del país al sistema financiero internacional y bloquea la compra de materias primas para la industria biofarmacéutica, de la cual depende la vida de millones de ciudadanos.
Asimismo, refiere el impacto del cerco en grupos como mujeres y niñas, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.
Señala las consecuencias en ámbitos como la salud, pues la falta de energía y suministros afecta quirófanos, salas de neonatología y la producción de vacunas infantiles; la mortalidad infantil se ha incrementado y hay 86 mil pacientes en lista de espera quirúrgica.
“El derecho a la vida es inalienable. El mantenimiento de un cerco que impide el funcionamiento de hospitales y la alimentación de niños y ancianos no puede ser justificado por diferencias ideológicas”, asevera.
A su juicio, resulta “un imperativo ético y legal de las Naciones Unidas actuar antes de que las consecuencias sean irreversibles”.
La carta se destina igualmente a otros como la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales y el Relator Especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
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