La controvertida iniciativa fue presentada la víspera en el Congreso Nacional (Parlamento) por los diputados Kilvett Bertrand y Luz Ernestina Mejía, de los partidos de derecha Nacional (PN) y Liberal (PL), respectivamente, mayoritarios en ese poder del Estado.

Esa moción legislativa beneficiaría a Romeo Vásquez, quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya (2006-2009), fue derrocado y expulsado del país.

El proyectado indulto también incluiría a Carlos Puerto y Venancio Cervantes, los otros dos generales que, junto a Vásquez, enfrentan un proceso judicial por el asesinato del joven Isy Obed y por la tentativa de asesinato de Alex Zavala, durante la represión de protestas contra la asonada militar.

Obed murió el 5 de julio de 2009 tras recibir un disparo en la cabeza, aparentemente de un fusil, durante una manifestación en Tegucigalpa, en el contexto del fallido regreso de Zelaya por vía aérea.

Condenamos la impunidad, afirmó el excanciller Enrique Reina, tras recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) determinaron la ilegalidad del golpe de Estado a Zelaya, actual líder de Libre.

“En el caso López-Lone se determinó por la Corte Interamericana que el golpe fue un “ilícito Internacional”. Las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento”, indicó Reina en su cuenta de la red social X.

Para el otrora ministro de Relaciones Exteriores, el bipartidismo (PN y PL) y su Congreso inician una aberración jurídica de impunidad.

En opinión de Reina, el gobierno nacionalista de Nasry Asfura retrocede a Honduras a la vergüenza de la impunidad criminal de violadores de la Constitución y de delitos de lesa humanidad y violaciones severas a los derechos humanos.

“Amnistía para los generales golpistas que apuntaron sus armas y secuestraron a un presidente electo en las urnas, asesinaron a cientos de jóvenes y permitieron la instalación del narcoestado de JOH (exgobernante Juan Orlando Hernández)”, denunció el exministro Christian Duarte.

A través de la propia red social, el antiguo titular de Finanzas dijo que ese perdón es “papel mojado ante el tribunal de la historia. Por los asesinados, exigimos justicia”.

“Ninguna amnistía puede perdonar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el golpe de Estado. Estos crímenes no prescriben”, advirtió Mirtha Gutiérrez, quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social en la anterior administración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

La bancada de Libre rechazó la moción legislativa del bipartidismo y anticipó que no respaldará ninguna iniciativa que otorgue “cartas de libertad” a los represores.

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