El pleno del legislativo adoptó la decisión este viernes con 147 votos a favor, con lo cual dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 5 de marzo.

La declaratoria del día conmemorativo constituye una de las medidas de reparación simbólica ordenadas por la Corte para preservar la memoria de las víctimas y recordar la responsabilidad del Estado frente a este tipo de violaciones de derechos.

El organismo judicial ordenó también impulsar reformas a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

En un plazo de 30 días la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea elaborará un proyecto de ley que incorpore disposiciones específicas sobre desaparición forzada y mecanismos de búsqueda inmediata.

Entre los cambios que deberán incorporarse figura la presunción de desaparición forzada cuando existan indicios de participación de agentes del Estado, así como la obligación de realizar investigaciones urgentes y de oficio.

El máximo tribunal declaró al Estado ecuatoriano como responsable por la desaparición forzada de los menores Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida tras un operativo militar el 8 de diciembre de 2024, en Guayaquil.

Tras examinar el caso, la Corte concluyó que los menores fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa del Ecuador y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Según la sentencia, el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre la detención ni sobre el paradero de los niños, lo que llevó al tribunal a declarar constitucionalmente que fueron víctimas de desaparición forzada.

La Corte sostuvo que lo ocurrido constituye “una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos”.

Asimismo, recordó que incluso en contextos de inseguridad o estados de excepción los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse.

Como parte de las medidas de reparación integral, la sentencia ordena la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado, encabezado por el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y con difusión pública nacional.

La decisión judicial, divulgada el pasado martes, no sustituye las investigaciones penales en curso, mediante las cuales 11 militares ya fueron condenados a 34 años de prisión por su participación en los hechos.

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