En diálogo con Prensa Latina, la legisladora comentó que la suspensión de la RC responde a una estrategia para impedir la participación de ese partido en los comicios seccionales de febrero de 2027, cuando se elegirán autoridades locales.

Aseguró que el Ejecutivo “se ha dedicado últimamente a perseguir socios políticos” y busca “ganar en tribunales lo que no puede ganar en las urnas”.

Según dijo, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender por nueve meses a la RC, es resultado de un proceso sin garantías ni debido procedimiento, por lo que su bancada gestiona pronunciamientos internacionales ante lo que considera una proscripción.

Iñiguez afirmó que la medida forma parte de una política más amplia de neutralización de adversarios y debilitamiento institucional.

En materia de seguridad, una de las principales problemáticas de esta nación sudamericana, la parlamentaria cuestionó la estrategia del Ejecutivo basada únicamente en estados de excepción y presencia militar en las calles, al asegurar que no ha reducido la violencia.

“La inseguridad no ha bajado de ninguna forma”, sostuvo, y añadió que las cifras oficiales carecen de respaldo verificable.

Indicó que reportes internacionales ubican a Ecuador entre los países con mayores niveles de muertes violentas y, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, las víctimas no siempre están vinculadas con actividades delictivas.

Puso el ejemplo de los cuatro menores del barrio guayaquileño de Las Malvinas, víctimas en diciembre de 2024 de desaparición forzada tras ser detenidos por militares y cuyos cuerpos aparecieron calcinados semanas después.

Consideró que la reciente decisión de la Corte Constitucional de ratificar el caso como un hecho de desaparición forzada con responsabilidad del Estado, representa un avance.

Señaló que “cualquier medida tomada no va a devolver la vida de los cuatro niños”, pero valoró el fallo unánime del tribunal, que constituye un llamado de atención al Estado sobre sus obligaciones de protección y reparación.

“Por lo menos tenemos una Corte que en algo está siendo contrapeso a la dictadura que nosotros vivimos en Ecuador”, afirmó la parlamentaria para quien ese es un llamado de atención al Gobierno, “que no tiene límites de ninguna forma y que persigue, encarcela, criminaliza, desaparece, porque no son los únicos casos, hay más”.

Por otro lado, en el ámbito de la seguridad, criticó la cooperación con Estados Unidos y la presencia de agentes extranjeros, como la reciente decisión de abrir una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ecuador.

Insistió en que los ecuatorianos “no queremos injerencias extranjeras”.

En relación con la ley minera aprobada recientemente, advirtió que fue modificada por el oficialismo y sus aliados para incluir disposiciones sobre las islas Galápagos, pese a que el proyecto original no las contemplaba.

A su juicio, la incorporación respondió a acuerdos políticos para asegurar votos en la Asamblea Nacional.

Iñiguez sostuvo que aprobar la norma implicó “sacrificar un territorio que es sumamente frágil y que además es una joya para toda la naturaleza, bueno, ecológica en general para el mundo”.

La legisladora informó que ya presentó una demanda de inconstitucionalidad con pedido de medidas cautelares para suspender la aplicación de esa ley, cuestionada también por organizaciones ambientalistas y colectivos indígenas.

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