Las detenciones se concentraron mayormente en las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, donde fueron arrestados un total de 149 durante operativos de interdicción realizados por la institución.

Le siguieron el corredor integrado por La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao, con 107 capturados, mientras que en otras provincias las cifras oscilaron entre 24 y 73.

De acuerdo con el reporte oficial, 821 personas resultaron aprehendidas directamente por unidades de la DGM desplegadas en distintos puntos del país.

Otras 346 fueron entregadas por miembros del Ejército de la República Dominicana, 61 por agentes de la Policía Nacional y 43 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), dependiente del Ministerio de Defensa.

Los operativos de interdicción se desplegaron en múltiples puntos del territorio nacional. En el Gran Santo Domingo se realizaron intervenciones en sectores como Sabana Perdida, Cristo Rey, Los Minas y Los Alcarrizos. En la región del Cibao incluyeron la provincia de La Vega, con acciones extendidas hacia Sánchez Ramírez y Espaillat.

En la zona Este, las unidades operaron en La Altagracia, abarcando comunidades y sectores como Higüey, Bávaro, Verón, Uvero Alto y La Otra Banda, entre otros.

Las acciones también se concentraron en la franja fronteriza con Haití. En Dajabón se desarrollaron operativos en comunidades como La Gorra, Aminilla, Chacuey, Partido y El Pino.

En el sur del país, incluyeron localidades de Barahona, como Los Blancos, Paraíso y Enriquillo, además de operativos en Azua.

En cuanto al proceso de deportación, los extranjeros fueron trasladados a los puntos de control migratorio fronterizo tras completar los procedimientos establecidos por las autoridades. La mayor cantidad de repatriaciones se realizó por Elías Piña, con 609 personas, seguido de Dajabón (301), Jimaní (125) y Pedernales (69).

La intensificación de estos operativos ocurre en medio de una política migratoria más restrictiva aplicada por el Gobierno dominicano frente al incremento del flujo de migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de Haití.

Especialistas y organizaciones sociales señalan que una parte importante de esta población migrante se inserta en sectores clave de la economía dominicana, particularmente en la agricultura y la construcción.

En las zonas rurales, miles de trabajadores haitianos participan en labores de siembra, cosecha y mantenimiento de cultivos, mientras que en las ciudades constituyen una fuerza laboral significativa en obras de infraestructura y edificaciones, actividades caracterizadas por una alta demanda de mano de obra.

Debido a ello, el endurecimiento de los controles migratorios suele generar debate en el país sobre la necesidad de regularizar la mano de obra extranjera, al tiempo que se mantiene la vigilancia fronteriza y el cumplimiento de las normas migratorias.

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