“Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como fue mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de derecho y las decisiones de los tribunales”, dijo.

La parlamentaria también cuestionó el argumento de la derecha de que los agentes cumplían acciones mandatadas por el Estado.

“Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la justicia así lo dictaminó”, advirtió.

La también activista por los derechos humanos perdió los sentidos de la vista, el olfato y el gusto por una granada lanzada por un carabinero cuando esperaba el transporte.

El autor del crimen, Patricio Maturana, fue condenado a 12 años de privación de libertad, aunque otros casos aún están impunes.

Según un informe elaborado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, durante las protestas iniciadas en octubre de 2019 y extendidas hasta marzo de 2020 hubo un total de 30 muertos y 464 víctimas de daño ocular.

El informe precisa que 230 personas perdieron totalmente la visión y solo cuatro de cada 100 causas terminaron en condena.

En una entrevista por televisión, el flamante presidente, José Antonio Kast, anunció la posibilidad del indulto a carabineros y militares condenados por delitos relacionados con el estallido social.

Dentro de los posibles beneficiados se encuentra el capitán del ejército José Faúndez, sancionado a 15 años de cárcel por la muerte de Romario Veloz y por causar lesiones graves a otras dos personas en La Serena.

Consultada sobre las declaraciones de Kast, la ministra vocera del Gobierno, Mara Sedini, dijo que esto fue una promesa de campaña y que el presidente revisará caso por caso y dará a conocer la decisión en su momento.

En un comunicado publicado aquí el Partido Socialista (PS) consideró inconcebible que se pretenda dejar en la impunidad hechos de extrema gravedad, acreditados por los tribunales, en los que agentes armados actuaron al margen de la ley y provocaron daños irreparables a ciudadanos.

Entre las víctimas de estos actos se encuentran incluso dos actuales parlamentarios en ejercicio —Fabiola Campillai y Gustavo Gatica— quienes sufrieron la pérdida de la visión como consecuencia directa de la violencia ejercida, recordó el PS.

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