El asunto tomó vuelo en medios de prensa, en opiniones de expertos y de las máximas autoridades del país, incluido el presidente Nayib Bukele, quien dijo la víspera que organizaciones de derechos humanos buscan la liberación del 100 por ciento de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción.

El mandatario desmintió que más de 89 mil personas fueron capturadas arbitrariamente y que existen violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a la vez que crítico a esos grupos por convertirse en los «bufetes legales» de los delincuentes.

Según Gipes, hay “base razonable para creer” que en El Salvador se cometieron crímenes de lesa humanidad pese a que los salvadoreños, la población de “a pie” le da un apoyo al régimen de excepción de cerca del 96 por ciento, según las encuestas.

El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, planteó que durante el régimen de excepción ocurrieron 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles del estado.

Sin un base sólida, el ataque contra el Pulgarcito de las Américas aseguró que entre las prácticas se incluyen asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos.

Al respecto, Bukele afirmó en la última semana que el documento de Gipes defiende “únicamente los derechos «de los criminales”.

Según las valoraciones de ese grupo, ser pandillero y pertenecer a una pandilla no constituye un delito para ser encarcelado. Aunque habría que preguntar a la población salvadoreña que enfrentó las acciones de las llamadas maras que solo en un fin de semana asesinaron a más de 80 personas.

El documento elaborado por los expertos exige la liberación de los pandilleros capturados en El Salvador durante el régimen de excepción.

El grupo de abogados internacionales abogan por los derechos humanos de pandilleros, incluyendo asesinos múltiples, detenidos durante el régimen de excepción que están recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), según autoridades.

Ante la presentación del informe, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo que los actos cometidos por grupos terroristas son tipificados como delitos de lesa humanidad, y que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 fue un genocidio, cuando fueron asesinados más de 41 mil salvadoreños.

Por otra parte, Nelson Flores, especialista en Administración Pública, cuestionó a las organizaciones y criticó a los juristas y a su informe.

“Cuando hay tintes ideológicos pierden su esencia, porque estos organismos internacionales cuando El Salvador estaba en períodos de guerra y de las pandillas, donde a diario morían masacrados niños, ancianos, jóvenes, personas que tenían que irse de sus casas, nunca estuvieron presentes”, remarcó.

¿Por qué no la alzaron cuando el país estaba siendo masacrado por las pandillas, cuando había sangre diaria, cuando se morían 30 y hasta 40? ¿Por qué nunca se pronunciaron?, subrayó el analista.

El tema de las pandillas y la seguridad en El Salvador genera controversia aunque la población, a menos de un año de las elecciones en 2027, muestra un sólido apoyo a la política gubernamental. Habría que esperar que dicen las urnas, señalan analistas.

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